Bruselas, 26 de octubre de 2021. España recibirá un total de 36.245 millones procedentes de la política de cohesión  2021-2027 según lo reparto hecho en el Consejo Europeo de julio de 2020 en el que se aprobó el Marco Financiero Plurianual 21-27.

 

Tras la publicación definitiva de los reglamentos el pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda y Función Pública viene de comunicar la distribución de 34.693 millones de euros asignados a España para el Objetivo de Crecimiento y Empleo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE+). Esta cantidad que supone un incremento del 13,2% en relación con el período anterior. 

 

La política de cohesión parte de la clasificación de las regiones de la UE en tres categorías a las que aplica distinta intensidad de ayuda en función del nivel de desarrollo. Así, considera regiones menos desarrolladas aquellas que cuentan con un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la UE; regiones en transición las que cuentan con un PIB entre el 75% y el 100% del PIB medio de la UE; y regiones más desarrolladas, aquellas cuyo PIB supera el 100% de la media de la UE. Estos criterios aplicados a las regiones españolas llevan a la siguiente clasificación:

Para el período 21-27 el importe total asignado por la Comisión para las regiones menos desarrolladas asciende a 18.100 millones de euros; para las regiones en transición 12.195 millones; y para las regiones más desarrolladas 4.398 millones. Estas cifras suponen un incremento medio de fondos del 22,3% para el conjunto de las regiones menos desarrolladas, un aumento del 8,1% para las regiones transición; y una reducción del 6,4% para las regiones más desarrolladas, respeto a los importes del 14-20. 

 

La distribución de los fondos para el período 21-27 se realizó partiendo de las dotaciones de cada región en el MFP 14-20 y aplicando, sobre la dicha cifra, la ganancia o pérdida que resulta de acuerdo con los datos facilitados por la Comisión al grupo en el que se clasifica cada CCAA. Se mantienen así distintas intensidades de ayuda en función del nivel de desarrollo y un tratamiento homogéneo dentro de cada categoría.

 

En este nuevo período, Galicia se encuentra, por primera vez, en la categoría de “regiones en transición” al estar su PIB per capita entre lo 75 y el 100% de la media comunitaria. Como tal, deberá concentrar un 40% de los recursos de FEDER en la prioridad 1 “Europa más inteligente, a través de la innovación, la digitalización, la transformación económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas” y un 30% en el objetivo 2 “Una Europa más verde y sin carbono que aplique el Acuerdo de París e invierta en transición energética, energías renovables y lucha contra el cambio climático”. 

 

Para el reparto de los fondos de la política regional, Galicia viene reclamando desde 2018 una atención particular para las regiones que, como ella, descienden de categoría y, a pesar de esto, recibirían menos fondos en caso de que, en el reparto dentro del Estado, este aplicara el método de asignación previsto en el Reglamento de Disposiciones Comunes que determina los importes asignados a cada Estado por categoría de regiones. Si el Estado hubiera aplicado este método, como había hecho en períodos anteriores, la región gallega habría perdido cerca de un 40% de los fondos en comparación con el período anterior a pesar de descender de categoría de región. 

 

Gracias al apoyo conseguido en el Parlamento Europeo y en el Comité Europeo de las Regiones, el reglamento final incluye un considerando (65a) que invita a los Estados a tener en cuenta a situación especial de las regiones que descienden de “más desarrollada” la “transición” y, aplicando los criterios de reparto del reglamento, recibirían menos apoyo en el periodo 21-27 que el en el 14-20 en el reparto interno de los fondos (solo 8 en toda UE). 

 

Finalmente, el gobierno central decidió que el criterio de reparto interno fuera el de ganancia/pérdida por categoría de región en comparación con el período anterior, en línea con los argumentos defendidos por Galicia. De este modo, a Galicia le corresponderá un total de 3.150 millones de euros, lo que aumenta en un 8,1% su dotación con respeto al período anterior. 

 

Cronología actuaciones de la FGE en las negociaciones de la política regional 21-27

La ejecución de estos fondos en cada CCAA se gestionará, bien directamente por cada territorio o bien por la Administración General del Estado, a través de programas  plurirregionales. En la definición de ambos tramos, regional y plurirregional, se aplicó el mismo criterio que para la regionalización de los fondos, aplicando la ganancia/pérdida por categoría de región a los importes asignados en ambos tramos en el período anterior.

 

Para poder ejecutar los nuevos fondos, el Estado está negociando con la Comisión Europea el llamado Acuerdo de Asociación, en el que se recogen las líneas generales de inversión de FEDER y FSE. Una vez aprobado este acuerdo, será cuando se puedan negociar los programas operativos de ambos fondos. En el período 14-20, España contaba con 19 programas operativos regionales de FEDER y dos pluriregionales (POPE e Iniciativa PYME), y con 19 programas operativos regionales de FSE y cuatro plurirregionales (Empleo, Formación y Educación; Inclusión social y Economía Social; Empleo Juvenil y Asistencia Técnica).  

 

Además, se informó a las CCAA de las asignaciones del Fondo de Transición Justa (FTJ) para el próximo período y, en el caso de España, se incluyen ocho provincias como punto de partida para la aplicación del FTJ de acuerdo con el Anexo D del Informe País de 2020 en el marco del Semestre Europeo: A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz, entre las que se repartirán 868,7 millones de euros. La distribución de los recursos de este fondo se realizó por el Instituto para la Transición Justa tomando en consideración el volumen de emisiones, empleo en minería y peso del empleo industrial. De la aplicación de estos criterios resulta una dotación de 154 millones de euros para Andalucía, 263 millones para Asturias, 197 millones para Castilla y León, 111 millones para Galicia y 92 millones para Aragón. Los 52 millones de euros restantes serán para la gestión directa del Instituto para la Transición Justa. En todo caso, para acceder la esta financiación, será preciso que el gobierno central presente a la Comisión su Plan Territorial de Transición Justa.

 

Más información: La Moncloa