La lengua gallega en la UE

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Marco jurídico para el empleo de las lenguas cooficiales españolas en la UE

El 13 de diciembre de 2004 el Gobierno español solicitó al Consejo de la Unión Europea que concediera a las lenguas cooficiales en España el estatuto de lengua oficial de la UE. La propuesta española suponía la incorporación del gallego, euskera y catalán/valenciano a la lista de lenguas oficiales europeas prevista en el Reglamento 1/1958 por el que se fijaba el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, el Consejo, que es la institución competente para definir el régimen lingüístico de la UE, no concedió la oficialidad, aunque sí decidió institucionalizar el uso de estas lenguas en tres ámbitos, según se recoge en las “Conclusiones del Consejo relativas al uso oficial de otras lenguas en el Consejo, y en su caso, en otras instituciones y órganos de la Unión Europea”, de 13 de junio de 2005:

1. Los ciudadanos podrán tener derecho a dirigirse a las instituciones y órganos de la Unión Europea en una de estas lenguas. No obstante, esta comunicación no será directa sino que se efectuará a través de un organismo intermediario nombrado por las autoridades nacionales.

2. Las instituciones podrán permitir el uso de estas lenguas en las sesiones orales. La interpretación será pasiva, lo que quiere decir que sólo se tendrá derecho a hablar en gallego y a que la intervención sea interpretada a otras lenguas oficiales, y que no se tendrá derecho a una interpretación de otras lenguas al gallego. Estas intervenciones son sólo permitidas si son formuladas con suficiente antelación y existen los medios necesarios para hacerlo.

3. Los actos derivados del procedimiento de codecisión podrán ser traducidos a estas lenguas, aunque esta traducción carecerá de valor jurídico.

El Consejo autoriza a las instituciones europeas a poner estas disposiciones en práctica mediante la firma de acuerdos administrativos entre la institución u órgano en cuestión con la Administración española.

Estas Conclusiones del Consejo no generan derechos, sólo autorizan el uso en determinadas circunstancias.

Los gastos directos o indirectos que acarree la aplicación de los acuerdos administrativos correrán a cargo del Estado español.

Condiciones de empleo del galego en la UE

Desde finales de 2005, diversas instituciones y organismos de la UE vienen firmando acuerdos administrativos con el Estado español para posibilitar el empleo de las lenguas cooficiais en las condiciones fijadas polo Consejo: el Comité de las Regiones, la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Comité Económico y Social, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Tras un primero rechazo, la Mesa del Parlamento Europeo aceptó finalmente el uso de estas lenguas en todos los ámbitos, excepto la intervención oral. Las otras dos instituciones comunitarias, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Cuentas, no han suscrito acuerdos por el momento.

1. Uso escrito

El procedimiento general reconocido en todos los acuerdos establece que el ciudadano, en vez de enviar la carta directamente a la institución u órgano europeo con el que quiera contactar, ha de enviarla al organismo designado por el Estado español: la Oficina para las Lenguas Oficiales de Política Territorial. Esta se encargará de elaborar una traducción certificada al castellano y de enviarla al órgano o institución comunitaria concernida que, su vez, remitirá al organismo designado una respuesta en castellano. Dicho organismo traducirá la respuesta al gallego y enviará los dos documentos al destinatario. De existir un plazo, éste comenzará el día en el que la institución u órgano europeo concernido reciba la traducción enviada por el órgano designado. La fecha de respuesta, será el día en que esta sea enviada al órgano designado por la institución o órgano europeo.

En el caso de recibir comunicaciones en gallego por parte de los ciudadanos, las instituciones y órganos indicarán al ciudadano el procedimiento oficial para hacerlo, a través del organismo designado. En el caso del Defensor del Pueblo Europeo esta respuesta se hará mediante una carta tipo redactada en gallego.

La excepción a este sistema es el Parlamento Europeo, que se encargará de realizar directamente las traducciones pertinentes de la correspondencia con los ciudadanos . La Comisión Europea y el Comité Económico y Social también contemplan la posibilidad de que sean sus propios servicios internos los encargados de elaborar la traducción, siempre que los medios necesarios estén disponibles. De no ser posible, estas tres instituciones acudirán a servicios externos que serán pagados por el Estado español.

En el caso del acuerdo firmado con el Tribunal de Justicia, la posibilidad de dirigirse en gallego a esta institución no se aplica, además, a «los escritos de carácter jurisdiccional, a los que se refieran a la aplicación de una norma legal y a los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja (por ejemplo, una subvención), de un beneficio (por ejemplo, la atribución de un contrato público) o de una función (por ejemplo, la candidatura a un puesto de trabajo)».

En todos los casos, si el ciudadano dispone de un plazo para actuar después de recibir la respuesta, esta será dirigida en castellano directamente al interesado, sin perjuicio de su derecho a recibir posteriormente una traducción al gallego.

En ningún caso, las instituciones u organismos europeos se responsabilizarán del contenido de la traducción del organismo designado o de una mala interpretación derivada de esta.

2. Uso oral

Solamente el Consejo de la UE y el Comité de las Regiones permite intervenir en gallego en sus sesiones y plenos, respectivamente. En los dos casos, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER) deberá solicitar esta posibilidad antes estos órganos con siete semanas de antelación. La confirmación se efectuará dos semanas antes de la reunión. En el caso del Consejo, la REPER deberá dar una previsión indicativa del eventual uso del gallego al inicio de cada semestre. Sólo se concederá la interpretación pasiva si se dispone de los medios materiales y del personal necesarios.

3. Traducción al gallego de la legislación comunitaria decidida conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo (actos adoptados en codecisión)

El Estado español publicará las traducciones de los textos emanados del procedimiento de codecisión en la página web de la Administración General del Estado. Deberá, asimismo, enviar una copia certificada y electrónica de estas traducciones a la Secretaría General del Consejo de la UE, la cual facilitará copias, preferentemente electrónicas, a los ciudadanos que lo deseen. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo ofrecerán sendos enlaces electrónicos hacia las versiones traducidas en sus páginas web. Los gastos correrán a cargo del Estado español.

Otros casos: el irlandés, el maltés y el luxemburgués

Ni las Conclusiones del Consejo ni los Acuerdos administrativos atribuyen el estatuto de lengua oficial de la UE al gallego sino que crean un estatuto especial. Lenguas oficiales de régimen especial son el irlandés y el maltés.

El maltés y el irlandés: lenguas oficiales con derogaciones

En el momento de entrar en la UE, el 1 de mayo de 2004, Malta solicitó que se congelasen los efectos de la oficialidad del maltés en la UE. Esto se produjo debido a problemas de contratación de personal que no permitían el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del Reglamento 1/1958. Las instituciones dispondrían de tres años para solucionar el problema de personal pero estarían todavía obligados a traducir los documentos de aquellos actos decididos por el sistema de codecisión. En noviembre de 2006 el Consejo decidió que la congelación del estatuto de la lengua maltesa terminaría en mayo de 2007. Al terminar este periodo de transición en 2007, el maltés se convirtió en lengua oficial de pleno derecho de la UE, con un uso igual al resto de las demás lenguas oficiales.

Hasta enero de 2007, el irlandés pasó de tener un estatuto particular en tanto que “lengua de los Tratados1” (lenguas en las que estos son redactados) a ser lengua oficial de la UE y a estar incluida en el Reglamento 1/1958 pero con un sistema de derogaciones muy similar al maltés y que se extendió hasta el 2012. Al terminar este periodo en 2012, igual que en el caso del maltés, el irlandés se convirtió en lengua oficial de pleno derecho de la UE.

Un caso aparte: el luxemburgués

El caso del Luxemburgués es paradójico porque siendo lengua oficial y única lengua nacional de su país no es considerada lengua oficial de la UE. Esto es así porque en el momento de la creación de la CE el luxemburgués no era lengua oficial del Gran-Ducado. Esto cambió en 1984, año en que el Luxemburgués, además de lengua oficial se convierte en la única lengua nacional del país. Con todo, si Luxemburgo quisiese que el luxemburgués fuese declarada lengua oficial de la Unión, el Consejo, de seguir el mismo razonamiento que se utilizó cuando España solicitó la oficialidad del gallego, se vería en la obligación de rechazar la propuesta ya que el luxemburgués no es una “lengua de los Tratados”. Esta fue la razón jurídica por la que se dijo que no a la propuesta española de oficializar plenamente el uso del gallego mediante la incorporación de esta lengua al Reglamento 1/1958. La única manera de solucionar esto sería modificar los Tratados constitutivos . En este sentido sería interesante seguir la evolución del caso luxemburgués en el futuro ya que ambas lenguas, gallego y luxemburgués, se sitúan en circunstancias jurídicas similares, al no disfrutar del estatuto de “lenguas de los Tratados”.

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