Ante las dificultades que se prevén para lograr la aprobación de las próximas perspectivas financieras, en los últimos meses han reaparecido algunas voces que proponen reabrir el debate sobre la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), un asunto que parecía cerrado tras el pacto político de 2003 entre Alemania y Francia para mantener los niveles de gasto actuales al menos hasta 2013. En este contexto, la Comisión Europea hizo público el 10 de mayo un documento sobre cómo afectaría a los Estados miembros el paso a un sistema de cofinanciación de los gastos agrícolas correspondientes al primer pilar de la PAC (mercados). El documento de la Comisión responde a la propuesta realizada por Reimer Böge, ponente del informe sobre perspectivas financieras que prepara el Parlamento Europeo (PE).

Ante las dificultades que se prevén para lograr la aprobación de las próximas perspectivas financieras, en los últimos meses han reaparecido algunas voces que proponen reabrir el debate sobre la financiación de la Política Agrícola Común (PAC), un asunto que parecía cerrado tras el pacto político de 2003 entre Alemania y Francia para mantener los niveles de gasto actuales al menos hasta 2013. En este contexto, la Comisión Europea hizo público el 10 de mayo un documento sobre cómo afectaría a los Estados miembros el paso a un sistema de cofinanciación de los gastos agrícolas correspondientes al primer pilar de la PAC (mercados). El documento de la Comisión responde a la propuesta realizada por Reimer Böge, ponente del informe sobre perspectivas financieras que prepara el Parlamento Europeo (PE).


La Comisión ha reiterado su oposición a cualquier sistema que implique una cofinanaciación de los gastos agrícolas, pues ve en ello un intento de “renacionalización” de la PAC. La propuesta de Böge supondría un golpe importante para los principales beneficiarios de la PAC, Francia y España, y cuestionaría la reforma de 2003. Una cofinanciación del 10% de las ayudas agrícolas directas supondría una pérdida para España de 1.300 millones de euros en el periodo 2007-2013 (es decir, una reducción anual de 0,02% de la RNB española). Además de España, Francia, Grecia e Irlanda serían los Estados miembros más perjudicados.


La comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha destacado que, en cualquier caso, una eventual cofinanciación no debería incluir a los nuevos Estados miembros, lo cuales se benefician de un régimen progresivo de introducción de ayudas. Por su parte, Böge ha sugerido como solución de compromiso la cofinanciación obligatoria sólo en el caso de que las necesidades de financiación sean mayores de lo previsto. Para el ponente del informe del PE, esto permitiría despejar las dudas sobre la financiación de las ayudas agrícola a Bulgaria y Rumanía tras su adhesión en 2007, teniendo en cuenta que en ningún caso pueden superarse los techos máximos de gasto agrícola pactados para el período 2007-2013.