Bruselas, 15 de septiembre de 2021. En el marco de “Objetivo 55” (Fitfor55), la Comisión Europea sacó a la luz una propuesta de reglamento mediante el cual se establece el Fondo Social para el Clima, destinado a abordar en el periodo 2025-2032, los impactos sociales derivados del comercio de derechos de emisión (ETS) para los sectores de la construcción (edificios) y del transporte por carretera. Su finalidad es proporcionar apoyo temporal a los Estados miembros en la puesta en marcha de medidas en beneficio de los hogares, empresas y usuarios vulnerables, las cuales están destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante:

Cada Estado miembro deberá elaborar un Plan Social para el Clima, que tendrá que presentarse junto con las actualizaciones de los Planes Nacionales de Energía y Clima a más tardar en junio de 2024 para ser evaluado y aprobado por la Comisión Europea. Una vez sucedido esto, se firmará un acuerdo entre el ejecutivo comunitario y el Estado miembro en cuestión, en el que se establecerá el compromiso financiero para el uso del dinero en el marco del Fondo. Los pagos de las asignaciones financieras del Fondo no se llevarán a cabo hasta que el Estado miembro no cumpla con los objetivos establecidos en su Plan. 

 

Los Estados miembros también deberán contribuir a por lo menos un 50% de los costes totales estimados del Plan, para lo cual deberán recurrir a los ingresos de la subasta de sus derechos en el marco de comercio de derechos de emisión de los nuevos sectores. 

La dotación presupuestaria del Fondo es de 23 700 millones de euros para el periodo 2025-2027 y de 48 500 millones de euros para el periodo 2028-2032, lo que implica un total de 72 200 millones de euros durante los años 2025-2032. A cada Estado miembro le corresponde una asignación establecida en el Anexo II del Reglamento del Fondo. En el supuesto  español, esta asignación será de casi 7 600 millones de euros para el periodo 2025-2032 (cerca de 2 500 durante 2025-2027 y 5 100 durante 2025-2032).

 

La Comisión Europea propondrá en breves una modificación específica del Reglamento por el que se establece el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027 para así dar cabida al gasto adicionas de 23 700 millones de euros durante 2025-2027. El importe de 48 500 millones de euros para 2028-2032 está sujeto a la disponibilidad de fondos dentro de los límites máximos anuales del MFP de ese periodo, para lo cual la Comisión deberá presentar una propuesta antes de julio de 2025. 

 

Además, para el periodo 2025-2032, el Fondo se financiará con recursos propios de la Unión, incluyendo, a partir de 2026, el 25% de los ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera, tal y como se prevé en la modificación de la Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos propios de la UE, que será presentada por la Comisión Europea en los próximos meses. 

 

Los pagos de las asignaciones financieras de cada Estado miembro (no más de dos al año) se realizará una vez que se completen los objetivos indicados en los Planes Sociales para el Clima. Los pagos finales se realizarán en 2032. 

Para garantizar que el Fondo solo se emplee si el régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera se aplica de manera eficaz, su Reglamento solo se aplicará a partir de la fecha en la que los Estados miembros tengan que trasponer la Directiva por la que se establece un Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que contiene disposiciones específicas sobre los sectores mencionados. Esto se corresponde con el 31 de diciembre de 2023. 

 

Se espera que la puesta en marcha del Fondo se lleve a cabo en las siguientes fechas: 

Además, antes de que finalice 2021, la Comisión Europea, también tiene la intención de presentar una propuesta de Recomendación del Consejo sobre como abordar los aspectos sociales de la transición verde. 

 

La Comisión Europea acaba de lanzar “Objetivo 55” (Fitfor55), un paquete legislativo que tiene como propósito impulsar, de aquí a 2030, la reducción en por lo menos un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, como paso previo para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Este objetivo intermedio, que se incrementó en 15 puntos porcentuales gracias a la ambición de la Ley del Clima Europea, hizo necesario revisar los instrumentos pertinentes para cumplir con las reducciones adicionales de emisiones, para así adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía y transporte. 

 

En el marco del conjunto de propuestas, se puede encontrar una relativa a la creación de un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión que cubra las emisiones de los edificios y del transporte por carretera. Ante el riesgo de que las empresas de estos dos sectores repercutan este nuevo coste en los consumidores finales y para que esto no afecte a los hogares más desfavorecidos, la Comisión Europea propuso la creación de un Fondo Social para el Clima.