— La prohibición afecta potencialmente a 900 embarcaciones gallegas y a 200 de forma directa.

— La Xunta le pide al Gobierno central que presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para solicitar una suspensión temporal de la norma.

Bruselas, 22 de septiembre de 2022. La Comisión Europea publicó el 15 de septiembre un reglamento ejecutivo que prohíbe la pesca de fondo en 87 zonas consideradas vulnerables. El reglamento entrará en vigor el 9 de octubre. Esta decisión tiene efectos nocivos para el sector pesquero gallego, parte de una actividad, la marítima, que supone casi el 5% del PIB gallego.

La decisión de la Comisión tiene como objetivo proteger el ecosistema marino y busca asegurar las poblaciones de peces en esas áreas a largo plazo, así como prevenir daños significativos a los ecosistemas acuáticos. Un dictamen del Consejo Internacional para la Exploración Marina (CIEM) inspira la decisión, pero no tiene en cuenta datos muy relevantes. Por ejemplo, el informe solo utiliza indicadores del Mar del Norte y el Báltico, pero la ley se aplica en otras áreas.

La publicación del reglamento ha suscitado muchas críticas en el sector pesquero, muy golpeado por el actual contexto económico, superando la crisis de la pandemia y ahora afectado por el aumento de la inflación y las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Administraciones, profesionales de la pesca y otros sectores coinciden en la necesidad de dar una respuesta común a la Comisión, estudiando todas las medidas posibles.

La decisión está motivada por un dictamen que non tiene en cuenta las áreas cerradas

La Xunta lucha contra el veto

Desde que se publicó la normativa, la Xunta de Galicia se ha estado reuniendo con el sector y estudiando cómo revertir la situación. La ministra del Mar, Rosa Quintana, trasladó la petición unánime de la flota gallega a favor de la presentación de un recurso estatal contra esta medida ante el Tribunal de Justicia de la UE, así como su suspensión temporal, exigencia que la xunta apoya. La representante del Ejecutivo gallego destacó que el Estado es un actor privilegiado, lo que agilizaría la tramitación del recurso.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comprometió todo el apoyo de la Xunta tanto a la posible acción del Estado como a las medidas legales que adopten los armadores por cuenta propia. Entre las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno destaca la búsqueda de aliados en otras autonomías y regiones europeas afectadas. También se destacó que la flota gallega afectada realiza una pesca totalmente sostenible y compatible con el cuidado del medio ambiente.

Por parte del Gobierno central, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió con el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius, en el Consejo de Agricultura y Pesca el pasado 26 de septiembre. Tras la reunión, el ministro instó a revisar y suspender la aplicación del reglamento. Sinkevicius, por su parte, aseguró que toda revisión irá acompañada de datos científicos. En este sentido, el CIEM tiene previsto publicar un nuevo informe al respecto en noviembre.

Máis información: Xunta de Galicia