- La comunidad defiende ante el presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo la actividad responsable que realizan la bajura y el marisqueo y lamenta que la propuesta de nueva normativa europea castiga su labor
- La titular de Mar expuso la realidad de la flota artesanal de la comunidad y el excesivo rigor de las medidas propuestas por las autoridades europeas, que dificultarían en gran medida el trabajo de los profesionales del mar
- La Xunta y representantes del sector pesquero gallego trasladaron el descontento y la preocupación que genera el borrador de normativa aprobado recientemente por la Eurocámara y recuerdan que las decisiones sin escuchar al sector generan desconfianza y alejan a la flota de las instituciones
- El Ejecutivo gallego considera necesario introducir mejoras en el proyecto de reglamento durante los debates entre la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo
Santiago de Compostela, 12 de abril de 2021. La conselleira del Mar, Rosa Quintana, consideró muy positivo el encuentro mantenido hoy por videoconferencia con el presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el francés Pierre Karleskind, pues en él trasladó que la Eurocámara no tiene prisa por aprobar el reglamento europeo de control de la pesca y que la prioridad es seguir trabajando para diseñar una normativa que se adapte perfectamente a las diferentes realidades del sector y a sus necesidades.
La titular de Mar, que estuvo acompañada por representantes del sector integrados en el grupo de trabajo del Consejo Gallego de Pesca sobre el brexit, defendió la responsabilidad de la actividad que desarrollan la flota de bajura y el marisqueo gallegos y lamentó la rigurosidad del anteproyecto de reglamento europeo de control de la pesca pues castiga una labor que ya está bien controlada al desarrollarse cerca de la costa.
Rosa Quintana agradeció la sensibilidad de este diputado europeo de la Bretaña francesa, una región pesquera con características semejantes a las de Galicia y advirtió de que medidas introducidas en la normativa -como la instalación de cámaras a bordo, la geolocalización o el registro digital de las declaraciones de desembarque- apenas suponen mejoras para el control de la actividad y, en cambio, dificultan en gran medida la labor diaria de los profesionales del mar, desde la flota de bajura hasta el marisqueo.
En este sentido, tanto el Ejecutivo gallego como los responsables de la flota manifestaron la preocupación y el descontento generado por la reciente aprobación en la Eurocámara de esta propuesta normativa y recordaron que las decisiones adoptadas sin escuchar al sector generan desconfianza y alejan a los profesionales del mar de las instituciones. Además, expusieron, muestran el desconocimiento existente en Bruselas sobre cómo se desarrolla el trabajo en las embarcaciones de pequeñas dimensiones.
Por eso, la conselleira del Mar apostó por mejorar el texto durante el proceso de negociación en el marco de los trílogos -los debates entre la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo- para diseñar un reglamento de control más adaptado a la realidad de la flota y que no castigue al sector.
Medidas controvertidas
Rosa Quintana recordó que la propuesta de reglamento incluye medidas como la videovigilancia a bordo -que incluso puede chocar con la intimidad del trabajo a bordo y con la protección de datos de los marineros-, la geolocalización de los buques o la notificación digital de las capturas antes de la llegada a puerto. En el caso de la videovigilancia a bordo, la conselleira recordó que tanto la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo como otros actores del sector son más partidarios de que esta medida sea voluntaria -con un sistema de incentivos para su instalación- u obligatoria como sanción para aquellos que cometan alguna infracción grave de la normativa pesquera, opciones que tendrían una mayor aceptación en el sector.
La titular de Mar también destacó que este tipo de medidas suponen mayor burocracia y no implican una mejora sustancial en el control, como es el caso de la geolocalización de las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora. Galicia defendió en todo momento la exclusión de la bajura y del marisqueo de esa obligatoriedad puesto que el dispositivo supone un coste importante para la flota y se trata de profesionales bien controlados al encontrarse cerca de la costa.
Otro de los aspectos que Galicia considera negativos de la propuesta de reglamento de control es el deber de registrar digitalmente las declaraciones de capturas antes de la llegada a puerto. Esta exigencia, incidió la conselleira del Mar, afectaría a muchas embarcaciones que realizan mareas inferiores a 24 horas y también al marisqueo, en muchos casos con un único tripulante a bordo, lo que complica su operatividad y supone mayor burocracia duplicando la notificación previa al desembarque.
Brexit
El encuentro entre Rosa Quintana y Pierre Karleskind sirvió para analizar la situación derivada del brexit y la negociación de las posibilidades de captura en aguas compartidas con el Reino Unido. En este sentido, la titular de Mar incidió en la necesidad de que se alcance un acuerdo entre las partes para dar seguridad jurídica y estabilidad a la flota así como la importancia de tener en cuenta los aspectos sociales y económicos en la fijación de las posibilidades de captura, tal y como establece la Política Pesquería Común (PPC).
La representante de la Xunta expuso que vincular el acuerdo exclusivamente a las recomendaciones científicas supondría un mal precedente y abogó por avanzar en las negociaciones de cara a 2026 blindando el mantenimiento del statu quo en cuanto a las pesqueras, consiguiendo el acceso a las aguas británicas a cambio de la entrada de los productos del Reino Unido en el mercado europeo.
Otro de los asuntos abordados en la reunión fue el fondo de reserva de ajuste del brexit, sobre el que Galicia defiende la inclusión de compensaciones a los efectos indirectos en la pesca incorporando aspectos como el impacto en aguas de terceros países o internacionales así como la menor rentabilidad asociada a las dificultades para generar intercambios. Esta situación se debe a la cesión del 25% de las cuotas europeas al Reino Unido hasta 2026 a cambio del acceso a aguas británicas durante solo cinco años y medio en el marco del acuerdo sobre el brexit.
La comunidad también defiende que se amplíen los recursos del fondo destinado al sector pesquero desde los 600 millones de euros hasta los 1.000 millones y que se puedan incorporar los fondos no empleados del actual Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) así como que su vigencia llegue, como mínimo, hasta 2026.