Bruselas, 25 de octubre de 2021. El Parlamento Europeo ha refrendado en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo del 18 al 21 de octubre la Estrategia «De la granja a la mesa», uno de los documentos más importantes del Pacto Verde Europeo. La estrategia, presentada por la Comisión Europea en mayo del año pasado, sale adelante con el propósito de impulsar la transición a nivel europeo hacia un sistema alimentario más justo para los productores y más saludable y respetuoso con el medio ambiente que, a su vez, garantice la seguridad alimentaria.

 

La estrategia establece una serie de objetivos a cumplir a escala europea de aquí al año 2030. Entre estos figuran la reducción de la venta de antimicrobianos utilizados en la ganadería en un 50%, reducción del uso de pesticidas sintéticos en un 50% y del uso de fertilizantes en un 20% y reducción de las pérdidas de nutrientes de los suelos en al menos un 50% para asegurar la fertilidad de los mismos. Otro de los objetivos fijados en la estrategia es el de lograr que un 25% de la superficie agrícola europea esté destinada al cultivo ecológico para 2030 (actualmente ronda el 8%), una meta que el Parlamento Europeo ha insistido que se debe flexibilizar. No obstante, la Comisión Europea publicó en marzo de este año un Plan de Acción para la Agricultura Ecológica en el que traza el camino para alcanzar este hito, que sin duda necesitará apoyarse en los instrumentos de la nueva Política Agrícola Común (PAC), la cual entrará en vigor en el año 2023.

 

Precisamente, el aspecto que resultó más polémico durante el debate en el Parlamento Europeo previo a la aprobación de la estrategia fue el encaje de ésta con la nueva PAC y sus potenciales repercusiones indeseadas sobre agricultores y ganaderos. Por una parte, las asociaciones ecologistas y los eurodiputados más sensibles a la causa verde vienen reclamando una mayor ambición medioambiental de la reforma de la PAC que permita cumplir el objetivo de neutralidad climática del Pacto Verde y las metas específicas fijadas en «De la granja a la mesa», entre otras estrategias. La Comisión Europea emitió en diciembre de 2020 unas recomendaciones relativas a los nueve objetivos específicos de la nueva PAC para cada uno de los Estados miembros para orientarles en la formulación de sus respectivos Planes Estratégicos. En dichas recomendaciones se subraya la necesidad de que la PAC contribuya decisivamente a la consecución del Pacto Verde y se pide a los Estados miembros que establezcan valores nacionales explícitos para las metas mencionadas. Por otra parte, el retraso de la Comisión Europea en publicar una evaluación de impacto sobre las medidas contempladas en la estrategia (un procedimiento habitual en las propuestas normativas de la Comisión Europea) ha suscitado las críticas de los productores, que temen que la implementación de «De la granja a la mesa» repercuta en su competitividad y afecte negativamente su modo de vida. En este sentido muchos parlamentarios, sobre todo del Partido Popular Europeo, acusaron a la Comisión Europea de haber ocultado durante meses un informe que mencionaba el posible impacto negativo para el sector de algunas de las propuestas. Por todo ello, una gran mayoría de la Eurocámara ha solicitado que cada acción preista en la estrategia venga acompañada de una evaluación de impacto previa.

 

De hecho, para amortiguar una posible pérdida de competitividad de los productores europeos frente a los productores de terceros países con estándares medioambientales más laxos, la estrategia plantea la creación de “alianzas verdes” sobre sistemas alimentarios sostenibles para responder a retos específicos en distintas partes del mundo. En esta línea se espera que la Comisión Europea proponga el establecimiento de un marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles que estaría destinado a ser la norma general para todos los productos importados al mercado único. Este último punto es de vital importancia para el Parlamento Europeo y una de sus principales reclamaciones.

 

Las reformas normativas a corto y medio plazo incluidas en la estrategia inciden sobre una gran variedad de ámbitos, desde el fortalecimiento de la posición de los productores primarios en la cadena de suministro hasta el bienestar de los animales, pasando por el desperdicio de alimentos, el etiquetado de envases o la contribución de la actividad agropecuaria al cambio climático.

 

Mediante iniciativas tanto reglamentarias como de otros tipos, la estrategia se esforzará por orientar la industria alimentaria hacia prácticas que permitan que la opción saludable y sostenible sea la más sencilla para los consumidores. En este sentido, la UE cuenta desde este año con un código de conducta europeo para prácticas empresariales y de marketing responsables. 

 

Por otra parte, el texto aprobado por la Eurocámara insta a la Comisión Europea a proponer un etiquetado obligatorio y armonizado a nivel europeo sobre propiedades nutritivas en la parte frontal de los envases y a poner en marcha iniciativas para estimular la reformulación de los productos estableciendo perfiles nutricionales para restringir la promoción de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal. Asimismo, se deberá considerar la ampliación a determinados productos de las indicaciones de origen o de procedencia obligatorias. Además, se examinará la posibilidad de armonizar las declaraciones ecológicas voluntarias y creará un marco de etiquetado de alimentos sostenibles que incorpore los aspectos nutricional, climático, medioambiental y social. 

 

Con objeto de mejorar la disponibilidad y el precio de los alimentos sostenibles y promover dietas saludables en las escuelas y en las instituciones públicas, el ejecutivo comunitario determinará las mejores modalidades para establecer criterios mínimos obligatorios para la adquisición de alimentos sostenibles por la Administración, una nueva práctica denominada contratación pública ecológica.

 

En este ámbito la Comisión Europea planea adoptar varias medidas, como revisar la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas, mejorar las disposiciones relativas a la gestión integrada de plagas y promover un mayor uso de métodos alternativos para proteger las cosechas de plagas y enfermedades. También facilitará la introducción en el mercado de plaguicidas que contengan sustancias activas biológicas y reforzará la evaluación del riesgo de los plaguicidas para el medio ambiente. Para completar este enfoque, Bruselas desarrollará nuevos indicadores y propondrá cambios en el Reglamento de 2009 relativo a las estadísticas sobre plaguicidas.

 

Además, para limitar todavía más y promover el uso prudente y responsable de antimicrobianos en animales, los nuevos reglamentos sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, que serán aplicables a partir de 2022, establecerán una amplia gama de medidas concretas. Su impacto sobre el terreno reducirá el uso de antimicrobianos en animales de granja y las ventas se someterán a un seguimiento anual. 

 

La Comisión Europea publicará una revisión de la normativa vigente en materia de bienestar animal, tales como aquellas relativas al transporte y al sacrificio. Actualmente esta revisión se encuentra en fase de consulta pública. De momento Bruselas ha propuesto, a raíz de una iniciativa ciudadana europea denominada End the Cage Age, el fin gradual del uso de jaulas en la ganadería a partir del año 2026. Asimismo, la Unión estudiará también opciones para el etiquetado del bienestar animal, algo que facilitará la elección de los consumidores y ofrecería a los agricultores incentivos para mejorar el bienestar de los animales.

 

La estrategia incide sobre la necesidad de evaluar la resiliencia del sistema alimentario y de elaborar un plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos en tiempos de crisis.  Además de medidas de evaluación y gestión del riesgo, el plan creará un mecanismo de respuesta a las crisis alimentarias coordinado por la Comisión Europea y que contará con la participación de los Estados miembros. Abarcará diversos sectores (cuestiones de agricultura, pesca, inocuidad de los alimentos, mano de obra, sanidad y transporte) dependiendo de la naturaleza de la crisis. Por otro lado, la nueva PAC renueva y refuerza la reserva agrícola para crisis de modo que pueda utilizarse todo su potencial desde el principio en caso de grave perturbación en los mercados agrícolas europeos.

Para apoyar a los productores primarios en la transición, “De la granja a la mesa” prevé una clarificación de las reglas de competencia en beneficio de iniciativas colectivas que promuevan la sostenibilidad en las cadenas de suministro. Por otra parte, el texto afirma que se trabajará por mejorar las normas agrícolas que fortalecen la posición de los agricultores, sus cooperativas y organizaciones de productores en la cadena de suministro de alimentos, pero no concreta qué acciones legislativas se emprenderán al respecto.

En este ámbito, la Comisión Europea deberá proponer objetivos jurídicamente vinculantes para reducir el desperdicio de alimentos en toda la UE. Estos objetivos se definirán respecto a una base de referencia establecida con arreglo al primer procedimiento de supervisión en toda la UE de los niveles de residuos alimentarios, medidos con arreglo a una metodología común europea, la cual irá acompañada de una revisión de las normas sobre etiquetaje de consumo preferente y fecha de caducidad.