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Bruxelas, 29 de outubro do 2020. A principios de octubre, el Comité Europeo de las Regiones presentó el primer Barómetro Regional y Local a escala de la UE (#EURegionalBarometer). Este estudio ofrece una instantánea de las repercusiones de la crisis social, económica y sanitaria en las regiones y ciudades de la UE tomando como referencia datos de varias fuentes como el informe publicado por la OCDE en abril “Coronavirus: de la pandemia a la recuperación: empleo local y desarrollo económico”, el publicado por el Centro Común de Investigación en julio “El impacto económico territorial de la COVID-19 en la UE: un análisis de Rhomolo”, el análisis de la Comisión de Política Económica (ECON) sobre los “Impactos potenciales del COVID-19 sobre regiones y ciudades de la UE” o las estadísticas de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.

Asimismo, el barómetro examina la respuesta a la crisis que han dado los diferentes municipios y regiones en la Unión Europea y, además, incluye una encuesta sobre el nivel de implicación de los gobiernos locales y regionales ante la crisis de la COVID-19. En ella participaron 544 encuestados de todos los Estados miembros de la UE, incluidos 300 representantes de entidades locales y regionales, y entidades relacionadas como, por ejemplo, las agrupaciones intermunicipales.

El objetivo de este Barómetro es el de llamar la atención sobre el papel de las autoridades locales y regionales en la gestión de la pandemia para reclamar una mayor implicación de estos en el Plan de Recuperación para Europa. Este estudio revela que la pandemia de coronavirus está afectando gravemente los ingresos de los entes subnacionales. La crisis está ahondando también las desigualdades sociales y económicas entre los territorios de la UE. El informe pone de relieve las graves disparidades entre los sistemas sanitarios regionales como serias amenazas para la cohesión de la UE. 

   

Desde el punto de vista sanitario, la pandemia ha dejado entrever que la naturaleza de los sistemas sanitarios diverge significativamente entre los países de la UE. Mientras que, en países como Francia, la asistencia sanitaria se organiza de forma centralizada, ya que es el gobierno nacional el responsable del gasto sanitario, en otros países como Italia y España, el gasto sanitario lo gestionan las autoridades subnacionales. En el caso español, el 93,7% del gasto en sanidad pública corresponde a los gobiernos regionales.

 

En este sentido, tanto el gasto como la infraestructura sanitaria varían mucho entre las regiones de la UE. Por ejemplo, tomando como referencia el número de camas de hospital por cada 100 000 habitantes, la disponibilidad en cada región varía desde las 1 286 camas del estado federado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental hasta las 158 de Grecia Central. Galicia, pertenece a las regiones menos equipadas de Europa, con 332 camas hospitalarias por 100 000 habitantes. 

La misma variación se puede observar si tomamos como referencia la proporción de trabajadores sanitarios sobre el empleo total. Este porcentaje varía desde las regiones con menos del 3% en Rumanía y Polonia, hasta más del 15% en algunas regiones de Suecia y Noruega. En Galicia, el porcentaje se sitúa en la mitad de la tabla, con un 7% de personal sanitario sobre el total de los trabajadores gallegos. 

En definitiva, desde la óptica sanitaria, la crisis del coronavirus ha tenido un impacto asimétrico en el territorio europeo debido a las disparidades en materia de infraestructura y recursos en cada territorio. El barómetro prevé que más del 90% de las regiones y municipios de la UE experimentará un desplome de sus ingresos. Esto da lugar a que parte de las regiones europeas se verán afectadas por el “efecto tijeretazo”, en el que la disminución de los ingresos y el aumento de los gastos (en salud, servicios sociales y protección civil), pondrá en peligro las finanzas publicas de los municipios, ciudades y regiones de la UE. Por ello, el barómetro ha clasificado esta crisis como una “crisis a nivel regional”. 

En consecuencia, el Comité de las Regiones solicita que, de cara al futuro, se tenga en cuenta el impacto asimétrico de la crisis de COVID-19 en los sistemas sanitarios de las regiones con el objetivo de que se adopte una respuesta por parte de la UE que considere la labor de los entes regionales y locales a la hora proteger las comunidades y economías locales. 

 

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, los países de la UE establecieron fuertes restricciones sociales y económicas durante la primera mitad de 2020.  Posteriormente, la duración y el nivel de rigidez de las medidas de contención variaron enormemente de un país a otro, e incluso entre regiones del mismo país. Por ejemplo, países como Italia y España mantuvieron las medidas de confinamiento de manera más estricta y durante un periodo de tiempo más largo, mientras que, en el otro extremo del espectro, países como Suecia impusieron un confinamiento mucho más corto y menos estricto. No obstante, el impacto económico ha afectado a todo el continente europeo, hasta tal punto que la OCDE lo ha calificado como ”la crisis económica más grave del siglo”. 

En este sentido, las cifras de Eurostat confirman tanto la magnitud como la variabilidad de la crisis y demuestran que durante el segundo trimestre de 2020, el PIB de la UE disminuyó un 12,1% con respecto al mismo periodo de 2019, reflejando la dimensión histórica que está teniendo esta crisis. En este contexto, la economía española fue la más afectada por las medidas de confinamiento, con una disminución del 17,4% del PIB nacional en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el impacto económico territorial de la COVID estimado por el Centro Común de Investigación cifra, para Galicia, una reducción del 16% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019.   

En este contexto, cabe destacar que, a pesar de que la mayor parte de las regiones europeas están experimentado las consecuencias negativas del virus, la crisis también puede traer impactos positivos a algunas regiones determinadas, especialmente, a través de las actividades en materia de digitalización, información y comunicación. De este modo, se estima que aquellas regiones en las que los sectores de la información y la comunicación están más desarrollados tendrán mayor facilidad a la hora de recuperarse de la crisis económica gracias al avance de las nuevas tecnologías. 

En cuanto a las fluctuaciones del mercado laboral, el barómetro evalúa la proporción de los puestos de trabajo que se hallaban en situación de riesgo para cada una de las regiones europeas, concluyendo que los efectos de la COVID-19 en términos de empleo han tenido un efecto asimétrico en el territorio de la UE. Según el informe de la OCDE de abril, la proporción de puestos de trabajo potencialmente en riesgo llegaba a superar el 35% en algunas regiones de Europa; entre el 30%-35%, en el caso de Galicia, al igual que en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.  

En España, los sectores con mayor riesgo en términos de pérdida de empleo como consecuencia de la pandemia y de las medidas de contención son el comercio minorista y la hostelería. Por su parte, los trabajadores más afectados son los autónomos y los empleados con contratos de duración determinada o a tiempo parcial.   

De manera indirecta, los jóvenes españoles pertenecen a un colectivo especialmente vulnerable al desempleo, hasta tal punto que el barómetro llega incluso a hablar de la “generación perdida de la COVID-19” para referirse a todos los jóvenes europeos que han visto su vida profesional negativamente afectada por el virus.   

Asimismo, en España la pandemia generó graves estragos en las pymes, en especial a aquellas con menos de 10 empleados. Otro sector especialmente afectado por la crisis económica y sanitaria es el sector turístico, particularmente en las regiones periféricas y marítimas de la UE, como fue el caso de Baleares y Canarias.  

Por otro lado, el informe del JRC de julio, analiza con datos más recientes los sectores más sensibles a la crisis del coronavirus. Además de los ya mencionados, añade otros como el de las artes y del entretenimiento (que fue prácticamente eliminado en muchas regiones) o el sector de la manufactura (que sufrió interrupciones en la cadena de valor). El mapa representa la participación del empleo en los sectores de alto riesgo para cada región. En el caso de Galicia, el mapa muestra que un 8% del empleo se concentra en los sectores de alto riesgo.

Adicionalmente, el barómetro refleja una gran desigualdad en cuanto al apoyo que los Estados miembros han brindado a las empresas. La Comisión Europea adoptó en marzo un Marco Temporal que permite a los Estados miembros utilizar plenamente la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía en el contexto del brote de COVID-19, en especial para que los Estados puedan dotar a las empresas de la liquidez suficiente para que preserven su actividad económica.  

No obstante, los datos recogidos por el barómetro evidencian claramente que algunos Estados miembros están haciendo un mayor uso de las flexibilidades de las ayudas estatales que otros, posiblemente porque tienen más margen fiscal. Este es el caso de Alemania, que se destaca como el país con el mayor apoyo fiscal y que ha desplegado las medidas de ayuda inmediata más generosas de la UE. En consecuencia, algunos expertos señalan que la magnitud del shock económico y la capacidad de amortiguar su impacto a través de las ayudas estatales no van de la mano, ya que la mayoría de los países gravemente afectados por la pandemia de COVID-19, como es el caso de España, no se encuentran en una posición fiscal sólida para hacer uso de la flexibilidad del marco temporal, ya que no disponen del músculo financiero necesario para ello. Esto podría desencadenar desigualdades entre los Estados miembros a la hora de hacer frente a la crisis económica, a favor de los países con sistemas fiscales más eficientes. 

En definitiva, en términos económicos, el impacto del confinamiento como respuesta a la pandemia de COVID-19 fue significativo en todos los países y regiones de la UE. No obstante, las características socioeconómicas locales y regionales determinaron la exposición de cada territorio ante las medidas de contención. Por lo tanto, el Comité de las Regiones sugiere que las políticas para mitigar los efectos de la pandemia deben implementarse a nivel subnacional, es decir, teniendo en cuenta a los entes regionales y locales de la UE. 

A raíz del Barómetro Regional y Local Anual, se elaboró una resolución sobre “Los entes locales y regionales frente a la COVID-19 y la construcción de la recuperación” que fue aprobada por unanimidad por el Comité Europeo de las Regiones en la última sesión plenaria del  13 de octubre.   

El Comité Europeo de las Regiones insta a que se involucre a todos los entes locales y regionales en la gobernanza de los planes de recuperación nacionales, en particular en su componente principal, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al que se dedicará cerca de un 90% del NGEU.   

En este sentido, hace un llamamiento a que el Semestre Europeo incorpore un Código de Conducta para garantizar la participación de los gobiernos locales y regionales, siguiendo el principio de subsidiariedad activa. Con ello, se pretende garantizar que las ciudades y regiones de la UE participen estrechamente en la preparación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia para asegurar su complementariedad con las estrategias de recuperación de los territorios como Galicia.  

Además, el Comité de las Regiones propone que la Comisión Europeo organice anualmente un foro de recuperación y resiliencia para garantizar que el Plan de Recuperación para Europa funciona de manera efectiva, generando efectos notorios a nivel de las ciudades y de las regiones.  

Fuente: Comité Europeo de las Regiones