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Bruselas, 16 de octubre de 2020. El Consejo y el Parlamento Europeo retomaron las negociaciones presupuestarias esta semana después de que el 8 de octubre se interrumpieran por el distanciamiento de sus posturas. Para dar su consentimiento, el Parlamento Europeo exige un mecanismo eficaz para cumplir con el Estado de derecho, un calendario vinculante para la introducción de recursos propios y un aumento de 15 partidas de gasto en conformidad con la posición ya adoptada por el mismo en julio.

Las negociaciones entre los colegisladores, con mediación de la Comisión, arrancaron con el mecanismo de vigilancia del Estado de derecho, lo que habilitaría a la UE a suspender los fondos del instrumento de recuperación destinados a un Estado en caso de vulneración de estas normas. En comparación con la propuesta de la Comisión, el Consejo rebajó drásticamente el alcance de ese mecanismo en aras de superar el rechazo de países como Polonia y Hungría y así poder llegar a un acuerdo lo antes posible para combatir la crisis económica derivada de la pandemia. El Parlamento se niega a aceptar esta modificación y amenaza con no aprobar el presupuesto plurianual 21-27 mientras no se llegue a un acuerdo sobre este mecanismo. El Parlamento exige que se amplíe el ámbito de aplicación del mecanismo para poder interrumpir los fondos europeos no solo por mala gestión de los recursos, sino también para proteger el presupuesto de la Unión donde haya una amenaza contra los valores de la misma y donde los intereses financieros de la Unión estén en peligro. Asimismo, admite que, para que sea eficaz, el mecanismo debe ser activado por una mayoría cualificada inversa en el Consejo y recuerda que el Reglamento sobre el Estado de derecho se adopta a través del procedimiento de codecisión.

Los  vetos también alcanzan a la decisión sobre recursos propios, base legal para ampliar el techo de gasto de la UE y permitir la emisión de deuda que financiará el Fondo de Recuperación. El PE no acepta el actual acuerdo político sobre el MFP pero se muestra dispuesto a negociar con el Consejo para mejorar esa propuesta y alcanzar un acuerdo.

Sobre la demanda del Parlamento de nuevos recursos propios, reclama un calendario vinculante para añadir una parte de la recaudación del comprado de emisiones de CO2, una tasa a las importaciones procedentes de países que no cumplen la reducción de emisiones y otra a las grandes plataformas digitales, así como un impuesto sobre las transacciones financieras y la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. También pide que se utilice la revisión intermedia del MFP para incorporar, si fuera necesario, recursos propios adicionales en la segunda mitad del marco financiero, con el fin de asegurar que se alcance el objetivo a finales del mismo. De momento solo hay acuerdo para introducir una tasa sobre el consumo de plástico no reciclado que se espera entre en vigor en 2021.

El Parlamento, que inicialmente pedía incrementar 40 partidas comunitarias, rebajó su demanda y pidió aumentar 15 programas con un total de 38.500 millones de euros. Por otro lado, el Consejo respondió ofreciendo un aumento de entre 5.000 y 9.900 millones de euros, una propuesta insuficiente para el PE.

La  Eurocámara hizo una última oferta manteniendo sus demandas en 39.000 millones, pero plantea lograrlo aumentando solo en 9.000 millones el techo total del presupuesto, a cambio de reorientar otras partidas del presupuesto como los 13.000 millones previstos para pagar los intereses del préstamo que la Comisión espera contraer en el marco de  Next Generation EU. El Parlamento defiende que esta propuesta implicaría solo un incremento del 2% en el paquete total de 1,8 billones de euros acordado en julio mientras que el Consejo, por su parte, cree que reabrir el acuerdo para aumentar el techo presupuestario sería “un camino muy peligroso que podría desmontar el paquete entero”, según manifestó la Presidencia alemana del Consejo tras la reunión  interministerial celebrada el 13 de octubre en Luxemburgo.

El retraso en la aprobación del MFP y del instrumento de recuperación temporal pospone la puesta en marcha de todos los programas de financiación comunitaria 21-27, además de impedir los próximos pasos para poner en marcha el instrumento de recuperación. En concreto, el bloqueo de las negociaciones puede retrasar las ratificaciones nacionales de la decisión de aumentar el techo de gasto para que la Comisión pueda endeudarse en los mercados. Según las legislaciones nacionales, 24 Estados miembros han de ratificar esta decisión a través de sus parlamentos.

Quedan, pues, aún varios pasos para que pueda entrar en vigor el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que representa el 90% del Mecanismo de Recuperación y  Resiliencia y prevé invertir en España 140.000 millones de euros. En el escenario más optimista, el 10% del anticipo de los casi 60.000 millones de euros en subvenciones previstas a España no llegaría hasta abril.