• A pesar de que en todos los Estados miembros existe un salario mínimo, bien por ley o por negociación colectiva, un 10% de los trabajadores vive por debajo del umbral de la pobreza. La propuesta de la Comisión pretende establecer unas normas comunes para garantizar unos salarios mínimos adecuados en toda la UE, aunque sin fijar una cuantía mínima común. También tiene por objetivo extender la negociación colectiva sobre el salario mínimo a los 21 países en los que este se hizo por ley, como es el caso de España.
Bruselas, 5 de noviembre de 2020. La Comisión acaba de proponer una
Directiva para garantizar que los trabajadores de la UE estén amparados por salarios mínimos adecuados que les permitan vivir dignamente donde quiera que trabajen. Cuando existen salarios mínimos con una cuantía adecuada, tienen un impacto social positivo, acercan beneficios económicos más amplios, ayudan a mantener la demanda interna, refuerzan los incentivos para trabajar y pueden ayudar a reducir la brecha salarial de género. Además, al garantizar una competencia leal, la propuesta contribuye a la protección de los empleadores que pagan salarios dignos a sus trabajadores.
La crisis actual afectó especialmente a los sectores con una mayor proporción de trabajadores con salarios bajos, como la limpieza, la venta al por menor, la sanidad, la atención por dependencia y la atención residencial. Asegurar una vida digna a los trabajadores y reducir la pobreza de las personas que trabajan no solo es importante durante la crisis, sino que también es esencial para que se produzca una recuperación económica sostenible e inclusiva.
Un marco para los salarios mínimos que respete las competencias y tradiciones nacionales
En todos los Estados existen salarios mínimos. 21 países cuentan con salarios mínimos legales y en seis, la protección del salario mínimo se garantiza exclusivamente por medio de convenios colectivos. Con todo, en la mayoría de ellos, los trabajadores sufren unas cuantías insuficientes o una cobertura deficitaria de la protección que ofrecen. En vista de eso, la Directiva crea un marco para mejorar la adecuación de los salarios mínimos y el acceso de los trabajadores a la protección de los mismos así como pretende promover la negociación colectiva salarial en todos los Estados miembros.
La propuesta respeta plenamente el principio de subsidiariedad: establece un marco para unas normas mínimas y respeta las competencias de los Estados, así como la autonomía y la libertad contractual de los interlocutores sociales en el ámbito salarial. Además, no obliga a introducir salarios mínimos legales ni fija ninguna cuantía mínima común.
Los países con salarios mínimos legales deben establecer las condiciones para que estos salarios tengan la cuantía adecuada. Estas condiciones incluyen unos criterios claros y estables para fijar el salario mínimo, unos valores de referencia indicativos para evaluar su adecuación y unas actualizaciones periódicas cuando corresponda. También se pide la estos Estados que garanticen el uso proporcionado y justificado de las variaciones y deducciones del salario mínimo y la participación efectiva de los interlocutores sociales en la fijación y actualización del salario mínimo legal.
Los países con una gran cobertura de negociación colectiva tienden a tener una proporción menor de trabajadores con salarios bajos, menos desigualdad salarial y unos salarios mínimos más elevados. Por tanto, la propuesta de la Comisión pretende promover la negociación colectiva salarial en todos los Estados miembros.
Por último, la propuesta prevé una mejor aplicación y supervisión de la protección que ofrezca el salario mínimo en cada país. Por tanto, la Directiva introduce la presentación de informes anuales a la Comisión por parte de los Estados sobre sus datos relativos a la protección del salario mínimo.
Antecedentes
A presidenta Von der Leyen prometió al inicio de su mandato presentar un instrumento jurídico para garantizar que los trabajadores de la Unión se beneficien de un salario mínimo, y reiteró su promesa en su
discurso sobre el estado de la Unión. El derecho a un salario mínimo adecuado se consagra en el principio 6 del
pilar europeo de derechos sociales, que proclamaron conjuntamente en Gotemburgo, en noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.
Esta propuesta se presenta tras la celebración de una consulta en dos fases con los interlocutores sociales. Ahora la propuesta de la Comisión se va a transmitir al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Una vez adoptada la Directiva, los Estados dispondrán de un plazo de dos años para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.