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Bruselas, 2 de octubre de 2020. La Comisión Europea hizo público el primer informe sobre el Estado de Derecho, el cual incluye las aportaciones de todos los Estados miembros y abarca fenómenos tanto positivos como negativos en toda la UE. El informe evidencia que muchos Estados han establecido rigurosas normas sobre el Estado de Derecho, pero que existen importantes desafíos en la materia en la UE. También recoge las novedades pertinentes a raíz de las medidas de emergencia adoptadas por los Estados a causa de la crisis de la COVID-19.

Su objetivo es ampliar el conjunto existente de instrumentos de la UE con un nuevo instrumento preventivo e impulsar un debate inclusivo y una cultura del Estado de Derecho en toda la UE. También debería ayudar a todos los Estados a estudiar la manera de superar las dificultades y a aprender de las experiencias de los demás, así como enseñar cómo reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en el pleno respeto de las tradiciones y los sistemas constitucionales nacionales.

1. Sistemas judiciales: Varios Estados miembros están llevando a cabo reformas para reforzar la independencia judicial y están reduciendo la influencia del poder ejecutivo o legislativo en el poder judicial, también en los Estados en los que tradicionalmente se ha considerado que la independencia judicial era alta o incluso muy alta. Las evaluaciones específicas por país indican que la independencia judicial sigue siendo motivo de preocupación en algunos Estados miembros, lo que ha llevado a la Comisión en algunos casos a incoar procedimientos de infracción o del artículo 7.1. 

Velar por que los sistemas judiciales estén adaptados a la era digital también constituye un reto para toda la UE y la pandemia actual ha dado un nuevo impulso a la agilización de las necesarias reformas digitales.

2. Normativas en materia de lucha contra la corrupción: Varios Estados miembros han adoptado estrategias globales de lucha contra la corrupción, mientras que otros las están preparando. Una aplicación y supervisión efectivas siguen siendo fundamentales para garantizar que se registren progresos. Muchos Estados también han adoptado -o tienen previsto adoptar- medidas para reforzar su normativa en materia de integridad y prevención de la corrupción, y algunos han adoptado medidas para reforzar la capacidad del sistema de justicia penal para luchar contra la misma. Por otra parte, la eficacia de las investigaciones penales, el enjuiciamiento y la resolución de los asuntos de corrupción siguen planteando dificultades en varios Estados miembros.

3. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación: En general, los ciudadanos de la UE disfrutan de altos niveles de libertad y pluralismo de los medios de comunicación. No obstante, el informe plantea reservas en relación con la eficacia y la adecuación de los recursos, así como con los riesgos de politización de las autoridades responsables de los medios de comunicación en algunos Estados miembros. Además, algunas evaluaciones de países han detectado casos que suscitan gran inquietud por la presión política ejercida sobre los medios de comunicación. 

Por último, los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación sufren amenazas y ataques por su trabajo en varios Estados miembros, aunque algunos países también han fomentado prácticas y establecido estructuras y medidas para apoyar y proteger a los periodistas.

4. Controles y equilibrios institucionales: Los controles y equilibrios institucionales son elementos centrales del Estado de Derecho y garantizan que el poder ejercido por una autoridad pública esté sujeto a un control democrático. En varios Estados miembros, se han iniciado reformas constitucionales para reforzar los controles y equilibrios institucionales. Muchos de ellos también han establecido estrategias sistemáticas para facilitar la participación de las partes interesadas y velar por que las reformas estructurales sean el resultado de un amplio debate con la sociedad. Al mismo tiempo, el informe indica que el uso excesivo de los procedimientos legislativos acelerados y de emergencia puede dar lugar a problemas relacionados con el Estado de Derecho. 

En toda la UE, la sociedad civil sigue siendo un agente clave en la defensa del Estado de Derecho, y en la mayoría de los Estados miembros existe un entorno propicio y favorable a la sociedad civil. Sin embargo, hay ejemplos de que esta se enfrenta a graves dificultades como consecuencia de leyes que limitan el acceso a la financiación extranjera o de campañas de difamación.

La pandemia no ha terminado y algunos Estados siguen aplicando regímenes o medidas de emergencia. El informe señala algunas de las cuestiones que han surgido en los debates nacionales, así como la respuesta jurídica y política a la crisis. Por ejemplo, cambiar o suspender los controles y equilibrios nacionales habituales, lo que puede plantear especiales problemas desde el punto de vista del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, existen varios buenos ejemplos de casos en los que las sentencias de los tribunales nacionales o la intervención de los defensores del pueblo tuvieron una incidencia positiva en las medidas de emergencia adoptadas. La Comisión se mantendrá vigilante hasta que se eliminen progresivamente estas medidas.

El informe sobre el Estado de Derecho contribuirá al debate más amplio en la materia a escala nacional y europea. La Comisión está deseando dialogar con los colegisladores sobre las cuestiones relativas al Estado de Derecho y cree que este informe aporta una base sólida para un ulterior trabajo interinstitucional.

La Comisión también invita a los Parlamentos y a las autoridades nacionales a debatir este informe, incluidos sus capítulos por país, y a prestarse apoyo recíproco como estímulo para proseguir las reformas y la aceptación de la solidaridad europea. También deberían participar las partes interesadas pertinentes a escala nacional y de la UE.

Sobre la base de los resultados del diálogo y de la experiencia adquirida en el primer año de funcionamiento del mecanismo europeo sobre el Estado de Derecho, la Comisión empezará a elaborar el informe de 2021, con miras a que el Estado de Derecho sea más resiliente en nuestras democracias.

El primer informe anual sobre el Estado de Derecho es una de las principales iniciativas del programa de trabajo de la Comisión para 2020 y forma parte del mecanismo europeo global sobre el Estado de Derecho anunciado en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen. Es el resultado de un intenso diálogo con las autoridades nacionales y las partes interesadas y se refiere a todos los Estados de manera objetiva e imparcial. La evaluación cualitativa llevada a cabo por la Comisión se centra en los cambios importantes ocurridos desde enero de 2019 y sigue un planteamiento coherente, pues aplica la misma metodología a todos los Estados, y adaptado a la evolución de la situación.

El informe forma parte del mecanismo sobre el Estado de Derecho. Este mecanismo es un ciclo anual dirigido a fomentar el Estado de Derecho y evitar la aparición o profundización de problemas. Sus principales objetivos son mejorar la comprensión y la concienciación sobre las cuestiones y las novedades significativas, detectar las dificultades en la materia y ayudar a los Estados a encontrar soluciones con el apoyo de